Las sombras de los psicólogos de la cárcel

¿Cómo "el psicópata de Ñuñoa" pudo pasar exámenes psicológicos y recibir un beneficio? El caso de Carlos Deformes encendió las alarmas. Aquí, psicólogos relatan las dificultades de sus tareas, la desconfianza con que son mirados por los propios gendarmes y revelan un sistema resquebrajado por una necesidad más urgente: descongestionar las cárceles y rehabilitar a los reos.


    Carlos Felipe Deformes era un reo ejemplar: era mozo del liceo penitenciario, sabía de computación, participaba en talleres, hablaba inglés, se mostraba amable, comprensivo, coqueto y oficiaba como maestro de ceremonias de los eventos al interior de Colina 1.


    En el informe que le hizo la psicóloga Gisella Vera se lee: "Presenta la suficiente madurez emocional que le permite empatizar ideoafectivamente con las víctimas y con un sentido de compromiso con los demás". Tras la evaluación, el domingo 11 de diciembre
salió a su primer día libre en siete años y medio, gracias a un beneficio de reinserción.

Carlos Deformes, el psicópata de Ñuñoa,
delinquió el primer día de su libertad dominical. 

    A las cuatro de la tarde, según consta en la investigación de fiscalía, F.A.S. y su pareja A.R.B tomaron el ascensor del edificio dónde vivían en Ñuñoa. Al llegar a su piso, se dirigieron a la puerta del departamento. La abrieron y Deformes los emboscó. Ató al hombre y llevó a la mujer a la pieza. La violó. Dos horas después se fue con ella en el auto de la pareja hasta un Unimarc, donde la obligó a sacar 200 mil pesos. Huyó a pie.


    Cuatro días después tomó por sorpresa a una asesora del hogar en el piso 14 de un edificio en Las Condes. La amenazó de muerte. -Tengo una pistola -le dijo. La amarró y la encerró en el baño. Se llevó un millón de pesos en especies.


    Siete días después, en un edificio en Providencia, una asesora del hogar salió a botar la basura. Un sujeto la saludó y luego le mostró una pistola. Era Deformes. Entró al departamento en el que también estaban la propietaria con su hijo de un mes. Los mantuvo apuntados con el arma.


    Al día siguiente asaltó a un taxista en Bilbao con Los Leones. Dos días después, Carabineros lo encontró en la población Santa Julia saliendo de la casa de una prostituta. La pistola que llevaba era de fogueo.

Es posible que en esos 13 días haya cometido más delitos.


    Hasta el 1 de enero de este año, hay 1.864 reos con beneficios de reinserción vigentes, que van desde la salida dominical hasta la libertad condicional. Cualquiera que haya cumplido la mitad de la condena  y que tenga buena conducta puede optar. Los postulantes tienen que pasar por una evaluación a cargo de un psicólogo, terapeuta y asistente social, la mayoría de las veces, quienes emanan un informe para un concejo técnico, presidido por el comandante del penal, quien tiene la última palabra. En el caso de la libertad condicional, esos informes son analizados por la Corte de Apelaciones.


    El porcentaje de población penal que obtiene un beneficio en Chile es bajo: 1,8 por ciento. En Estados Unidos supera el 12. Y la tendencia en los últimos 15 años ha sido siempre a la baja, sobre todo desde el caso de Juan Soto Campos, quien en junio de 1996 quebrantó su beneficio dominical violando y matando a Elena Yáñez, de cinco años, en Talcahuano. El sujeto cumplía condena por violar a una niña de dos años, en 1989.


    -Uno aspiraría a que en el otorgamiento de beneficios hubiese una política continua en el tiempo -dice Elías Escaff, director del magíster de Psicología Forense de la UDP-. Pero en la práctica se rigen sólo por accidentes. O sea, hay un incendio en una cárcel, saquen presos; hay un crimen de connotación en que el culpable es un individuo con beneficios, déjenlos adentro. Los psicólogos tienen que trabajar con muchas presiones de todos lados.


    En efecto, hasta el incendio de la cárcel de San Miguel, los beneficios otorgados iban siempre en disminución: en 2002 llegaban al 4,5 por ciento de la población penal, en 2005 al 3 y en 2008 al 2. Pero en  los primeros nueve meses de 2011 se entregaron 300 más que en todo el año anterior. Y sólo en septiembre, otros 86. Uno de esos era Deformes.


    Alrededor de las seis y media de la tarde del sábado 13 de marzo de 1993, Juan Carlos Arias Lagos visitó la casa de sus vecinos, los Soza Contreras. Esperaba ver ahí, confesó después, a una sobrina de la familia, con la que tenía intenciones amorosas. Al no encontrarla, y tras una discusión, con un cuchillo carnicero atacó a Elizabeth Soza, discapacitada, en el cráneo y el cuello. Después degolló a su madre de 79 años, y a una empleada, de 70. Sólo la primera murió.


    Cuando Carabineros llegó al lugar, Arias miraba la escena desde su propia casa. El testimonio de una de las sobrevivientes lo hundió. Tenía detenciones por giro doloso de cheques y era consumidor de droga. Fue condenado a cadena perpetua efectiva.


    Claudia Carmona Cid, psicóloga, entró a trabajar a Colina 1 en 2007. Ahí conoció a Arias Lagos como un paciente más. La cercanía entre ambos siempre causó dudas entre sus colegas. La psicóloga renunció a Gendarmería en abril de 2010. Diez días después, Arias Lagos fue trasladado a Colina 2, lo que se considera un castigo: ahí conviven los condenados más peligrosos y de peor conducta. Tiempo después, funcionarios vieron a Carmona haciéndole visitas a Arias Lagos. Hoy, en su ficha de clasificación, aparece ella como su pareja oficial.


    -Su caso hizo mucho ruido, se nombra como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Eso puede ocurrir cuando empiezas a ver al reo como a un hombre. Ahí aparecen tus deficiencias, tus necesidades y esas carencias hacen que se pierda el límite profesional, y el interno ve eso. No es la primera vez que escucho de un caso así -dice Joana Padilla, actual psicóloga en Colina 1.


    Gendarmería no hizo nada con el caso: al renunciar ella al trabajo, no se le instruyó un sumario. Según  se comenta en el equipo técnico, sí se revisaron algunos de los informes de Carmona hacia atrás, sobre todo al grupo de cercanos de Arias Lagos.


    A Gisella Vera, la psicóloga que hizo el informe de Deformes, un diario la acusó de haber cruzado la línea con el paciente, pero en Gendarmería dicen no tener antecedentes. Sus compañeras también lo descartan y lo atribuyen más bien a su inexperiencia en el cargo: llevaba siete meses en la institución. Ella también lo niega, aunque rehúsa referirse al tema. Hoy es objeto de un sumario que debiera arrojar otras irregularidades: Vera y el equipo técnico que evaluó a Deformes forman parte de un plan piloto llamado Programa de Reinserción Piscosocial, financiado por el Ministerio del Interior desde 2008, que pretendía precisamente profesionalizar las evaluaciones en los otorgamientos de beneficios: mientras los equipos de planta de Gendarmería, por el caudal de trabajo, se centran en las evaluaciones, ellos pondrían énfasis en hacerle talleres a los reos que postulan, antes de evaluarlos.


    El primer paso de los protocolos del programa es realizarle a los presos el MMPI, un cuestionario de personalidad que podría detectar trastornos. Según confirman profesionales del sistema, a Deformes no se le hizo el test.


    Una psicóloga del programa explica: -No es culpa de Gisella en particular, es un problema del sistema. El MMPI tiene más de 500 preguntas y está pensado para gente que sabe leer y escribir. Hacerlo nos tomaría como cinco horas por reo y no damos abasto. Estaríamos un año sólo tomando el test. A nadie se le toma.

Joana Padilla,
psicóloga de Colina 1,
lleva 11 años en Gendarmería

    Cuando Joana Padilla, psicóloga de la U. de Chile, piensa en la cárcel, recuerda su olor: una mezcla de humedad y mugre. Ingresó a Gendarmería en 2001, tras obtener el puesto de psicóloga en el CCP de Iquique. Llegó en medio de una polémica. Veinte reclusos habían muerto en un incendio. Su primera labor fue oír las pesadillas de los internos que recogieron los cuerpos quemados de sus compañeros. Estuvo allí un año y dos meses. -Fue tirarse a la piscina. Al principio uno no tiene las herramientas necesarias, es un pollo todavía. Crees todo lo que los reclusos te dicen. Con el tiempo, ves que omiten mucha información, que si son violadores no te lo cuentan. No hay nada en la universidad que te prepare para el trato con los reos. Y cuando llegas a Gendarmería nadie te dice formalmente: van a tratar de manipularte. Eso lo fui aprendiendo solita -dice Joana.


    Después de hacer una petición de traslado, quedó en Colina I. Ha trabajado en esa cárcel desde hace más de nueve años. Pronto cumplirá 11 años como psicóloga de Gendarmería. En todo este tiempo, su reflexión sobre los procesos de análisis en el sistema penitenciario es, precisamente, que no hay tiempo para reflexionar. -Falta sistematizar los conocimientos. Nos vemos sobrepasados por la demanda y las contingencias. Hay poco tiempo para ordenarse y repasar alguna metodología mejor. Termino algo y empiezo otra cosa altiro, y entremedio hay que realizar tareas administrativas.


    Paz Ciudadana ha notado el problema, sobre todo en la entrega de beneficios, y realiza un estudio junto a la Universidad de Chile.


    -El asunto funciona muy discrecional, los psicólogos hacen sus informes sin conocimientos, al ojo. Y aunque suene raro, el problema es que eso los lleva a rechazar muchos casos, cuando lo que necesita el sistema es descongestionar las cárceles, pero no al azar, si no con un método establecido -dice Ana María Morales, directora del área Justicia y Reinserción de la Fundación.


    El test de Hare, por ejemplo, se ocupa en cárceles de diversos países. Permite detectar personalidades psicopáticas, de manera sistematizada, otorgándole puntaje a los sujetos mediante factores que van desde su locuacidad, ego y nivel de manipulación, hasta la versatilidad delictual y promiscuidad sexual. El sistema en Chile mide la peligrosidad en base a variables como el uso del coa, la pertenencia a bandas y hasta tatuajes y cicatrices, lo que clasifica como candidatos a beneficios, por ejemplo, a los violadores que suelen tener mejor conducta.


    La psicóloga Elizabeth León pasó cinco años por 15 cárceles de 11 regiones de Chile, buscando adaptar el test de Hare. Entrevistó a 293 reos: el 13 por ciento mostró características psicopáticas y en ningún otro país donde se aplique ese test serían elegibles para el beneficio. -Pero acá no hay cómo detectarlos -dice León-. Un sistema así habría perfilado a Deformes mucho antes. Es cosa de comprar el test y aplicarlo, pero nunca he tenido respuesta de Gendarmería. No culparía a las psicólogas que trabajan ahí, es la falta de preparación general para su trabajo. Cuando ocurren errores como el de Deformes, no tienen nada a mano para decir, yo cumplí mi trabajo, yo cumplí con la metodología. -La sicología es una ciencia social y no puede ser estandarizada. Las fallas se revelan cuando suceden hechos como el de Deformes. Hay que revisar, mejorar los procesos y cambiar el enfoque de trabajo, pero en ningún caso afectar la política general -dice Miguel Ángel Jiménez, subdirector del área técnica de Gendarmería.


    En la institución reconocen que falta capacitar a los psicólogos y cambiar el enfoque clínico de los profesionales. Dicen que para eso está en trámite legislativo la modificación a la Ley 18.216, que debiese publicarse en el primer semestre de 2012, que también implica la contratación de más profesionales, psicólogos y asistentes sociales. Hoy hay 225 psicólogos en Gendarmería para más de 50 mil reos.
Además, el presupuesto para al área técnica pasaría de 5 mil millones de pesos en 2009 a más de 9 mil millones para este año.


    Pese a que la apuesta es mejorar las posibilidades de reinserción, la mayoría de los psicólogos no son muy dados a hacer informes positivos a los postulantes. En parte, por el temor a que alguien aprobado por ellos cometa un delito de gravedad y, en parte, por problemas estructurales del sistema.
Joana Padilla enfrenta esto jornada a jornada con los reos.


    -A veces una dice, pucha, qué lata, porque te cuentan que van a cambiar, que son conscientes del daño causado y aun así he visto a muchos que han vuelto. Hoy mismo me encontré con uno que volvió por un delito sexual, que cuando lo entrevisté para darle el beneficio de salida me dio un discurso congruente. Él no estaba preso por violación. Ahí te preguntas quién es esta persona que habló contigo. Es súper frustrante. Se le da la posibilidad de reinsertarse, hay un esfuerzo tuyo, y es un compromiso que se va al suelo. Pero uno tampoco tiene una bolita mágica.


    Los problemas para las psicólogas no terminan allí. Un equipo de trabajo puede llegar a tener hasta 300 pacientes; los parientes de los reos tienen acceso a través de Transparencia a los informes, generando reclamos y tensiones, y muchas veces las entrevistas se ven interrumpidas por emergencias, como intentos de suicidio, o labores burocráticas.


    La seguridad es un tema aparte: ante cualquier contratiempo, las psicólogas quedan aisladas con los internos, mientras un gendarme soluciona el problema. La situación hizo crisis el año pasado, cuando dos reclusos cerraron la puerta de una de las salas e intentaron abusar de una psicóloga. La profesional, contactada por "Sábado", confirmó el hecho, pero se excusó de comentarlo. Sólo la aparición de un gendarme evitó la violación. -Muchas reciben amenazas, pero los problemas principales son otros -dice Enrique Chia, director del magíster de Psicología Jurídica de la UC-. En las cárceles chocan dos visiones del encierro: los gendarmes están acostumbrados a ser los reyes de la cárcel y miran con desconfianza a los profesionales. Está instalada la idea en ellos que los presos siempre se engrupen a los psicólogos. El nivel de frustración es grande, porque al final del día los psicólogos están pintados: evalúan reos que no han recibido ninguna atención, que están peor a cómo entraron y, encima, su evaluación no es necesariamente tomada en cuenta por quienes tienen la palabra final.


    Cuando los informes del equipo de profesionales están listos, van a un concejo técnico compuesto, además, por uniformados. Todos tienen derecho a voto, pero siempre es el alcaide del penal el que tiene la decisión final.


    Lenka Inostroza es asistente social en Colina 1, desde 2009. A fin de mes dejará el trabajo, molesta en parte por el poco peso que tiene la voz de los profesionales en el proceso de selección y porque alega que no le respetaron beneficios básicos, como los seis meses de posnatal. Ha estado en decenas de concejos técnicos. -Los informes dan lo mismo. Recuerdo una vez que teníamos a un niño en tratamiento, condenado por robo con intimidación. Yo, el psicólogo y el terapeuta votamos negativo para su beneficio, porque no estaba listo para salir. El riesgo de que delinquiera de nuevo era alto. Y el comandante aprobó su salida porque, según él, venía de buena familia. Y eso pasa todos los meses y con todo tipo de condenados. Al principio, cuando entré, la orden era: no hay beneficios para perpetuos ni violadores. Pero después se fue ablandando.


    He visto salir violadores. -Hoy, cualquier reo que cumpla los requisitos formales puede postular a beneficios de salida -dice el subdirector técnico de Gendarmería-. Otra cosa es que se apruebe. Un violador puede postular, pero lo más probable es que no obtenga el beneficio. Pero si el concejo decide algo así, nadie puede intervenir en esa determinación, porque es un órgano autónomo.
Sin embargo, dos psicólogas que actualmente trabajan para Gendarmería concuerdan con la versión de Lenka Inostroza.


    El dilema es así: todas las estadísticas apuntan a que si un reo cumple la totalidad de su condena, las posibilidades de reincidencia son mayores a que si saliera con algún beneficio. Además, el costo para el Estado disminuye. Según los datos de Gendarmería, entre los que reciben la libertad condicional, un cuarto vuelve a cometer el delito. Entre los que terminan su pena en la cárcel, las cifras de reincidencia suben a 57,4 por ciento.


    El asunto es el daño colateral. Gendarmería no tiene el detalle de los quebrantamientos de beneficios: cuántos de estos son por delitos violentos o cuántos, por ejemplo, por no presentarse tras una salida dominical. Según el estudio independiente de Elizabeth León, el 53 por ciento de los beneficiarios lo quebrantaba. Y de ellos, el 70 por ciento de manera grave. Con los datos actuales, eso se traduce en 691 condenados en las calles, que volverán a delinquir.


    Y eso dejando afuera los números invisibles: los que vuelven a traficar, asaltar bombas de bencina o entrar a robar casas y no son descubiertos.


    El tema enerva a los policías y a los fiscales que tienen que armar las investigaciones dos veces para atrapar al mismo delincuente.


    Roberto Alejandro Antonio Jélvez, el "Loco", es uno de los personajes más conocidos de Caldera. Su amplio prontuario incluía robos, hurtos y hasta un homicidio en 1981, por el que cumplió diez años y un día. Desde 2001 había girado hacia el narcotráfico: la ciudad es un punto usual de droga desde el norte hacia Santiago. La fiscalía comenzó a investigarlo ese año, pero con malos resultados. Jélvez raramente ponía una mano encima de la droga, delegaba en sus empleados todo el traslado y en las conversaciones telefónicas hablaba de ostiones y de dados. Recién en septiembre de 2005 fue atrapado. Ni siquiera fue en Caldera: gracias a una intervención telefónica la PDI lo interrumpió mientras compraba un kilo de pasta base en una cabaña en Iquique.


    En 2007 fue condenado a ocho años. Cumplida la mitad de la condena postuló a un beneficio. Lo obtuvo: el "Loco", un reo ejemplar, tenía que dormir de domingo a jueves en la cárcel de Copiapó. El fin de semana quedaba libre.


    Apenas salió comenzaron a llover las denuncias. En septiembre de 2011 la fiscalía tuvo que echar a andar la máquina otra vez: destinar recursos y hombres a alguien que ellos mismos habían apresado hace cuatro años. El "Loco" estaba aún más cuidadoso. No guardaba ni dinero ni drogas en casas. Funcionarios de la PDI lo vigilaban día a día: dejaba temprano el penal de Copiapó y en las tardes retomaba sus contactos habituales. En la fiscalía recuerdan incluso haberlo seguido a una entrevista con el psicólogo de Gendarmería.


    El martes 10 de enero, tras cinco meses de investigación, finalmente recibieron el dato: Jélvez iría a reabastecerse al lugar donde guardaba la droga. Lo siguieron a él y a su mano derecha en medio del desierto, hasta un sitio marcado con unas piedras. De ahí sacaron una bolsa y se fueron cada uno para su casa. La policía allanó los domicilios en la tarde. Con el "Loco" tuvieron que hacerlo más temprano, porque a las seis tenía que volver a la cárcel de Copiapó. El dinero no se encontró. Sigue enterrado en algún punto del desierto.


    Las compañeras de Gisella Vera, la psicóloga que visó la salida de Deformes, atribuyen el error a su escasa experiencia: llevaba siete meses en el cargo. "No hay nada en la universidad que te prepare para el trato con los reos. Y cuando llegas a Gendarmería nadie te dice 'van a tratar de manipularte'", dice la psicóloga de Colina 1.


Fuente: Revista Sábado